24 millones de euros. Es lo que costaría como mínimo, y sólo en traductores, implantar la Ley de Lenguas en Aragón según el PP. Los populares siguen calificando esta norma como un atentado cultural. El reconocimiento del catalán es el punto más polémico de este texto, que el PSOE defiende a capa y espada a pesar de no contar con el respaldo del PAR, su socio de gobierno.
El PAR ya ha dejado claro que no aceptará este punto, como tampoco lo hará el PP. Su portavoz, Eloy Suárez, asegura que se quiere imponer un aragonés y un catalán normalizado que no es el que se habla en el Aragón oriental. Considera que se está dejando de lado las auténticas variedades lingüísticas de nuestra Comunidad y que, además, supondrá un coste desmesurado para las arcas públicas y que cifra en 24 millones de euros.
Un coste inasumible, especialmente en tiempos de crisis. Suárez denuncia que la DGA va a dilapidar dinero público para resolver un problema que no existe y que se ha generado de forma artificial. Mientras, la ley continúa con su trámite parlamentario. Las Cortes han ampliado el plazo de presentación de enmiendas, a petición del PP y CHA, que tendrán ahora 15 días más para incluir sus propuestas.
